Las renuncias a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) de los congresistas colombianos Karen Manrique y Wadith Manzur, investigados por la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con la corrupción en la entidad estatal de atención de emergencias, tiene bloqueada a esa instancia que es la encargada de avalar el endeudamiento estatal.

La Comisión no pudo sesionar este lunes por falta de quórum, lo que pone en aprietos al Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, que busca la autorización en el Congreso para pedir créditos internacionales en un momento de dificultades con el presupuesto.

"Hoy, en sesión de la CICP, se buscaba concepto previo para gestionar empréstitos externos por 5.000 millones de dólares del Plan Financiero 2024, destinados a financiar apropiaciones. Sin quórum, no se avanzó en obtener recursos con la banca multilateral, la fuente menos costosa", señaló el Ministerio de Hacienda en su cuenta de X.

El escándalo por el robo de dinero público de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) ha salpicado a cerca de una decena de políticos que supuestamente se beneficiaron de contratos por apoyar al Gobierno en las votaciones.

El exdirector de la UNGRD Olmedo López, que es el principal implicado en la trama corrupta, ha señalado al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de direccionar contratos a seis congresistas a cambio de votos en el Congreso para aprobar iniciativas impulsadas en el Congreso por Petro.

"Respeto el trabajo de la Fiscalía y confío en demostrar que eventualmente puedo cometer errores, pero no delitos. Nunca he jugado a esquivar la ley. Mi compromiso con el presidente y las finanzas públicas sigue intacto y no será afectado por esta situación", manifestó Bonilla el sábado, luego de Noticias Caracol revelara la declaración de una exsubordinada suya que dijo que el ministro sí sabía de los tratos ilegales con congresistas.

Silencio ante la Corte Suprema

Manrique, representante a la Cámara por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, creadas para dar representación política a los territorios más afectados por el conflicto armado, guardó hoy silencio en la indagatoria a la que fue citada por la Corte Suprema de Justicia, que investiga la corrupción en la UNGRD.

A Manrique la vinculan con el presunto direccionamiento de contratos para Arauca, su departamento y, según su abogado, Andrés Garzón, la congresista decidió guardar silencio porque la Sala de Instrucción le negó la petición de aplazar la diligencia.

Esta indagatoria se da porque el pasado 12 de noviembre la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra cinco congresistas y un ex representante a la Cámara por su presunta vinculación con la corrupción en la UNGRD, destapada en febrero pasado por la prensa.

Entre los señalados figura el ministro Bonilla, quien según la Fiscalía fue determinante, en coordinación con Olmedo López, para la adjudicación de tres contratos por 92.000 millones de pesos (unos 20,7 millones de dólares).

La Corte Suprema de Justicia también abrió una investigación contra los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle por este caso.

El senador Name, de la Alianza Verde, y el representante Calle, del Partido Liberal, fueron acusados de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.

En mayo pasado, el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla reveló que el dinero de la UNGRD fue usado en 2023 para pagar millonarias coimas a Name y Calle.

EFE